El caso de Begoña Gómez, y del juez Peinado, es mucho más revelador que mediático, aunque no lo parezca.
Por un lado, es innegable que, con lo que sabemos, y máxime con lo que se sabía antes de su comienzo, resulta difícil sostener una responsabilidad penal clara. Al mismo tiempo, casi igual de importante, resulta imposible no ver las evidentes responsabilidades políticas si las conductas son impropias. Y muy poco hace pensar que no lo sean. Lo uno y lo otro, casi lo podemos palpar.
Desde mi opinión personal, fuera de cualquier marco, creo que pudo haber conductas que, de confirmarse plenamente, podrían haber tenido relevancia penal, pero no parece que existan pruebas suficientes para sostenerlo en términos jurídicos. Al menos, al comienzo. Y parece que hubo demasiados pasos en falso. Por tanto, creo que hubo una conducta impropia de suficiente entidad como para que, aun sin poder ser penalizada en términos jurídicos, fuera sancionada en términos éticos con dureza.
Por otro lado, y siguiendo con el análisis, parece bastante difícil de defender que la actuación del juez Peinado sea ortodoxa y correcta. Como mínimo, la apariencia y algunas correcciones hechas desde instancias judiciales superiores sugieren que su actuación es, cuanto menos, cuestionable. Lo que plantea dudas sobre si existe una base indiciaria suficiente o si, por el contrario, nos encontramos ante una investigación de carácter prospectivo.
Así pues, parece claro que tenemos a la mujer del presidente del Gobierno y a un juez en terrenos muy cercanos: no parece que ninguno haya cometido un delito, al menos con las pruebas que hoy tenemos, pero sí parece que ambos han actuado de forma cuestionable.
Los medios, al frente
Ante este escenario, nos hemos encontrado con que muchos medios, demasiados, se han dedicado a dirigir los tiros contra uno u otro sin ningún miramiento: Begoña o Peinado. El PSOE o el sistema judicial. Corrupción o Lawfare. Ha sido más un periodismo de combate, en el peor de los sentidos, que de investigación, más de alineamiento que de razonamiento.
Esta conducta, demasiado frecuente, por desgracia, no es un accidente, es un modelo instaurado de gestión de la información pública: seleccionan, enfocan, repiten y, queriendo o sin querer, obligan a posicionar. A elegir bando. A elegir bueno. Y, también, a elegir malo.
Los ciudadanos, a las trincheras
En parte por ello, y en parte porque no queremos que nos den razones, sino que nos den la razón, la mayoría ya tenemos claro quién es el bueno o la buena y quién es el malo o la mala. Y ello tiene consecuencias desastrosas: nos impide ver, comprender y comprobar que el problema no es uno ni otro. El problema es el sistema. El sistema que permite que quede impune, más allá de lo jurídico, lo uno y lo otro. El sistema que no censura ni lo uno ni lo otro de forma global, sino parcial.
Paradójicamente, esa crítica parcial es la que permite sostener que existe una pluralidad democrática en España y, también, que esta es inexistente. Reflexionen en la siguiente cuestión, porque el caso de Begoña Gómez va de eso: si uno tiene la razón y el otro no, el sistema funciona; si ninguno la tiene, o al menos no del todo, si ambos son fallos del sistema, a la vez son demostración de su disfuncionalidad. Y es eso, quizás, lo que demasiados no quieren mostrar. Y es eso lo que nos lleva a la polarización actual. A las trincheras.
El problema no es este caso. Es el sistema que lo hace posible.
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